Una lección no aprendida...

Corría el año 1968 y el General Juan Velasco Alvarado derrocaba a través de un golpe de Estado al electo Presidente de la República Fernando Belaunde Terry. De inmediato el dictador implantó un gobierno socialista dictando una serie de reformas políticas, sociales y económicas, contenidas en un hasta entonces desconocido Plan Inca. 

Es recién el 28 de julio de 1974, con ocasión del 153º aniversario de la Independencia Nacional del Perú, que el dictador Juan Velasco Alvarado da a conocer el denominado Plan Inca, el mismo que marcaría el derrotero del Perú durante gran parte de la dictadura socialista.

El primer punto de dicho plan fijaba como objetivo del gobierno de facto que todas las etapas de la actividad petrolera estarían exclusivamente a cargo del Estado. Para ello se planteaba anular el contrato suscrito el 12 de agosto de 1968 con la IPC, así como el “Acta de Talara” y todas la acciones conexas; y luego expropiar los bienes de la IPC y cobrarle los adeudos al Estado. 

El Plan Inca también establecía la creación de una “sólida empresa estatal encargada de todas las actividades petroleras y eliminar el sistema de concesiones”. En una primera etapa, se implantaría un sistema de contratos, hasta lograr una capacidad económica que permitiese la ejecución de todas las actividades petroleras directamente por el Estado. En una segunda etapa, cuando se lograse dicha capacidad, “sólo el Estado participaría en la actividad petrolera”. 

Todos los peruanos hemos sentido de una u otra manera y por décadas los efectos nocivos de la implantación del dictatorial Plan Inca. Nos llevó a la debacle del sistema político, económico y social, y el aislamiento del Perú de la comunidad internacional por décadas.

Han pasado más de cuarenta años y pensábamos que el tema había quedado zanjado. La Constitución de 1993 establece que el Estado sólo interviene en el mercado realizando actividad empresarial de manera subsidiaria, es decir en aquellos espacios a los cuales no llega el sector privado. 

Sin embargo, cuando todo parecía claro, se comienzan a retomar los postulados del tristemente célebre Plan Inca. El Presidente de PETROPERU anuncia que “los lotes que revierten durante este período de gobierno podrían ser licitados antes de terminar sus contratos respectivos. Los ganadores del proceso se asociarán a Petroperú, que pagará en el porcentaje que le corresponde las inversiones en producción, lo que le permitirá a la empresa ingresar a la actividad de explotación petrolera”. 

Es decir, el Estado empresario de triste recordación, nuevamente en camino a gastar millones de nuevos soles en una aventura empresarial. Es que acaso no se entiende que dichos recursos podrían servir para construir más colegios, postas médicas, mejora de remuneraciones de docentes y médicos. El siguiente paso será el de toda empresa pública de antaño, servir de agencia de empleo de los gobiernos de turno. 

Como es lógico, los inversionistas privados que tenían proyectos petroleros en el país, comienzan a retirarse y los que estaban pensando invertir, voltean su vista a otros países. Justo en un momento en que producto de la crisis internacional, los inversionistas del mundo comienzan a mirar como centros potenciales de inversión a los países latinoamericanos. Realmente inexplicable.

Lo propio comienza a ocurrir en otros sectores de la producción, como es el caso de la minería de oro. Con el cuento de la minería ilegal, el Estado ha incursionado en el negocio de la compra y venta de oro a través de una quebrada empresa pública como es ACTIVOS MINEROS. Pero como está quebrada, se le ha asignado en el Presupuesto de la República para el año 2013 la friolera de sesenta millones de nuevos soles de todos los peruanos. 

En el caso de SEDAPAL se les acaba de asignar 34 millones de nuevos soles para el caso de inundaciones por ruptura de tubería, producto de una deficiente falta de mantenimiento u obras mal ejecutadas. Pero solo para que SEDAPAL mantenga su trabajo, tal como lo hace en la actualidad, es decir, sin ninguna ampliación de cobertura, requiere de una inversión ascendente a los 2,000 millones de nuevos soles para los próximos cuatro años. Pese a la situación, no se privatiza esta empresa pública deficitaria. 

Los estimados de pérdidas de las empresas públicas al año 1990 ascendían a US$ 17,738 millones (67% del PBI de dicho año). Pérdidas que por cierto las tuvimos que asumir todos los peruanos y que sumió en la más execrable pobreza a millones de peruanos.

Es lamentable que no hayamos aprendido la lección.