El principio de predictibilidad se origina en el sistema de derecho Anglosajón (Common Law) y se le conoce dentro de la doctrina del Derecho Administrativo Continental como el Principio de Seguridad Jurídica o el Principio de Certeza.
La certeza o la seguridad jurídica, como términos que se asocian al principio de Predictibilidad, buscan establecer dos situaciones claramente delimitadas:
- Crear las bases para generar confianza frente a las actuaciones de la Administración Pública.
- Reducir los niveles de corrupción, toda vez que al publicarse los lineamientos, la discrecionalidad se reduce, ya que todos conocen de antemano la posible respuesta por parte de la Administración Pública.
En materia económica, es claro que el mejor amigo de la inversión es la predictibilidad. Si se sabe qué pasará mañana, se estará mejor dispuesto a invertir que si no se sabe.
En este sentido, los permanentes cambios de las reglas afectan el principio de predictibilidad económica, pilar fundamental de la seguridad jurídica que el país brinda al inversionista.
El inversor nacional y extranjero requiere que el Estado receptor de la inversión garantice predictibilidad, es decir, seguridad jurídica. La predictibilidad tributaria, jurisdiccional, administrativa y política constituyen pilares importantes para mejorar los indices de competitividad y asegurar el desarrollo del país.
Hay mucho que se puede mejorar en las condiciones propicias para la inversión.
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