El Pleno del Congreso aprobó en su última sesión un proyecto de ley del Poder Ejecutivo a través del cual se propone modificar la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
El texto aprobado incrementa límite de multas ambientales a ser impuestas por la OEFA a 30,000 UIT (más de 43 millones de dólares). La aplicación de la multa se calculará tomando en cuenta el daño ocasionado y el costo de mantenimiento preventivo que pudo evitar el daño ambiental.
La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Pleno en mayoría también establece que la empresa tendrá que probar que no ocasionó daño o riesgo de daño ambiental. Es decir, en materia ambiental se aplicaría el principio de inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba ocurre en los casos de presunciones legales “iuris tantum”, o sea en aquellos casos en que la ley presume ciertos hechos, y quien pretenda negarlas debe probarlo.
Por otro lado, el texto aprobado establece que la sola presentación de demandas ante el Poder Judicial no detiene la ejecución coactiva por cobro de multas, así como que para solicitar medida cautelar ante el Poder Judicial se deberá de presentar garantías personales y reales (carta fianza bancaria o financiera).
El proyecto de ley deberá ser aprobado en segunda votación por el Pleno o ser exonerado de la misma por la Junta de Portavoces para ser remitida al Presidente de la República para su aprobación o eventual observación.
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